De acuerdo con la Fiscalía de Barcelona, la cantante colombiana Shakira, de 45 años, utilizó paraísos fiscales como las Islas Caimán, Panamá y Luxemburgo, para evitar los impuestos que le correspondían en España entre 2012 y 2014. El miércoles pasado, la cantante rechazó un último acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio, tras confiar en su inocencia y ahora se podría enfrentar a ocho años de cárcel y a una multa de 23.8 millones de euros.
Shakira fue acusada de seis delitos contra Hacineda en España, por cometer un fraude de 14.5 millones de euros, al no pagar los impuestos que le correspondían entre 2012 y 2014, ya que ella asegura que en ese entonces residía en las Bahamas, sin embargo Hacienda comprobó que estaban construyendo su casa y que además ella pasó gran parte de su embarazo en Barcelona, estando más de 183 días en España.
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Shakira ya había pagado una multa por millones de euros
La cantante confía en su inocencia ya que asegura que durante esos años vivía en Las Bahamas, y anteriormente ya había pagado los 14.5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria, más otros tres millones de euros por intereses. Por lo que la cantante busca reducir la sentencia, la cual podría incluir hasta seis años de cárcel por cada delito.
La Fiscalía asegura que Shakira estuvo en Barcelona más de 183 días al año, “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como el Impuesto del Patrimonio.
De acuerdo con la Fiscalía, Shakira ocultó sus ingresos en paraísos fiscales
Para así evitar pagar los impuestos correspondientes en España. «La cantante utilizó un entramado societario, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con la intención de ocultar sus ingresos y su patrimonio».
La Fiscalía también asegura que Shakira llegó a varios acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación”. Según el ministerio público, dichas negociaciones permitieron a la cantante pagar la “mínima tributación fiscal”, que es de sólo el 2% de la renta bruta generada, permitiendo así la transferencia de la mayoría de sus ingresos a sociedades. Y mantiene que los últimos acuerdos en Luxemburgo los hizo cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento notificó a las autoridades tributarias españolas sobre dichos acuerdos”.
Sin embargo, no todo parece estar perdido para la cantante, ya que carece de antecedentes, y la condena podría disminuir y ella podría evitar ir a la cárcel.
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