Felipe de Edimburgo preparó los documentos necesarios antes de morir el 9 de abril pasado a los 99 años. En ellos detallaba su última voluntad y cómo quedaría la repartición de sus bienes. Sin embargo, estos no se harán públicos para proteger la dignidad tanto de su viuda, Isabel II, como del resto de la familia británica. Así lo explicó sir Andrew McFarlane, presidente del juzgado de familia del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.
Es ya una tradición, desde hace más de un siglo, que tras el fallecimiento de un miembro de alto rango de la familia real, se solicite el sellado de su testamento. Esto quiere decir que ese tipo de documentos no están abiertos a la inspección pública tal y como sucedería con una herencia.
Fue el jueves pasado que a través de una sentencia McFarlane hizo público lo siguiente: el testamento del duque de Edimburgo permanecerá sellado durante 90 años. Y solo podrá abrirse en privado incluso después de esa fecha.
«He sostenido que, debido a la posición constitucional del soberano, es apropiado tener una práctica especial en relación con los testamentos reales», explicó McFarlane en el escrito. «Es necesario mejorar la protección que se brinda a los aspectos verdaderamente privados de la vida de este grupo limitado de personas con el fin de mantener la dignidad de la soberana y los miembros cercanos de su familia».
Además, sir Andrew explicó que al ser presidente de la división familiar del Tribunal Superior, también tiene otras funciones. Es custodio de una caja fuerte que contiene 30 sobres, cada uno con el testamento sellado de un miembro de la familia real fallecido. Esto incluye a la difunta reina madre Isabel y la princesa Margarita, ambas fallecidas en 2002.
Es muy normal que en Reino Unido los testamentos sean de carácter público, pero se hacen algunas excepciones con los miembros de la realeza. En este caso, con la muerte de Felipe de Edimburgo ni siquiera el magistrado vio el contenido del testamento. Tampoco supo lo que dispuso el duque o cómo lo hizo.
Cuando la fecha (los 90 días) hayan transcurrido, se podrá celebrar un proceso privado para determinar si el testamento debe o no hacerse público.
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